NI SECRETARIO, NI FRANQUISTA, NI VOLUNTARIO
NI SECRETARIO DE CONSEJOS DE GUERRA, NI FRANQUISTA, NI VOLUNTARIO
Entrada original:
Título: El alférez y Miguel Hernández
Fecha: 12/06/2019
Enlace: https://juanantoniorios2.blogspot.com/2019/06/el-alferez-y-miguel-hernandez.html
Tipo de alusión:
Indirecta pero central: se introduce a Antonio Luis Baena Tocón como supuesto secretario del consejo de guerra contra Miguel Hernández.
Estrategia discursiva:
El texto se presenta como un juego literario, entre la evocación poética y la denuncia social, pero encierra una estrategia clara: convertir a un joven haciendo su servicio militar obligatorio en culpable simbólico de la muerte del poeta. El recurso a la ironía y el envoltorio narrativo diluyen la carga acusatoria, pero el lector desprevenido se queda con la imagen falsa.
Puntos discutibles:
Baena Tocón no fue secretario del consejo de guerra, como pretende el artículo. No juzgó ni condenó. Estuvo destinado —según consta en documentación oficial—, entre otros destinos, en el Juzgado Especial de Prensa, y allí trabajó como auxiliar secretario de un juez instructor, en el contexto del cumplimiento de su servicio militar.
La descripción del proceso judicial se manipula y simplifica, omitiendo funciones, cargos y competencias. Se convierte una mención secundaria en prueba de implicación.
Se omite todo contexto biográfico: su padre, republicano de convicciones, fue asesinado por milicias republicanas en Torrelaguna por razones de fe y por oponerse al asesinato de inocentes. Tras esa tragedia y su exilio en Francia y Marruecos, Antonio Luis Baena Tocón regresó a España y fue forzado a reincorporarse al servicio militar.
Se hace pasar una función auxiliar por una implicación ideológica, sin documentación que lo respalde. Y el silencio se convierte, torticeramente, en culpa.
RÉPLICA NARRATIVA
"Ni secretario, ni franquista, ni voluntario: solo carne de archivo para un relato fácil"
Cuando uno busca en los archivos militares el nombre de Antonio Luis Baena Tocón no encuentra ni sentencias firmadas, ni penas propuestas, ni testimonios clave. Encuentra, como mucho, una mención secundaria —y discutible— como secretario adscrito a un juez instructor del Juzgado Especial de Prensa, donde estuvo destinado durante su servicio militar obligatorio.
¿El problema? Que no todos los que escriben sobre historia aceptan los límites de la documentación. Algunos prefieren rellenar huecos con afirmaciones. Y si esas afirmaciones sirven a una causa ideológica, mejor aún.
Así, mi padre —un joven obligado a reincorporarse a filas tras un exilio forzoso y una tragedia familiar— pasa a ser, en el imaginario de Ríos Carratalá, el "secretario del consejo de guerra" que condenó a Miguel Hernández. Ni lo fue, ni lo firmó, ni intervino. Pero da igual. La ficción ya está en marcha.
La historia se convierte entonces en libre interpretación: un autor elige su villano, rellena los silencios con culpa, y saca rédito ideológico de su invención. ¿A quién le importa que el afectado no tuviera más opción que obedecer órdenes? ¿O que muriera décadas después sin que nadie le preguntara jamás?
Es más fácil convertirlo en arquetipo de la represión que reconocer que fue una víctima más de una guerra que no eligió. Y que lo fue dos veces: primero, cuando se vio forzado a servir a un ejército que no representaba sus valores. Y después, cuando su memoria fue arrastrada por el barro de una historia mal contada.