CRÍTICA AL PACTO LINGÜÍSTICO DE SÁNCHEZ CON JUNTS
El acuerdo entre Pedro Sánchez y Junts para obligar a las grandes empresas a ofrecer atención al cliente en catalán —y por extensión en lenguas cooficiales— ha desatado una polémica que va mucho más allá del terreno comercial. No estamos solo ante una reforma técnica de la Ley de Atención al Cliente, sino ante un síntoma de cómo se instrumentaliza la política lingüística para la supervivencia parlamentaria del Gobierno.
1. Una medida que nace de la debilidad política
La iniciativa no surge de un consenso social o académico amplio, sino de una cesión política del Ejecutivo para garantizarse apoyos en el Congreso. Es la moneda de cambio que permite al presidente seguir en el poder, aun a costa de abrir una brecha jurídica, económica y social en todo el país.
2. Desigualdad entre lenguas cooficiales
Aunque se presenta como una defensa de los derechos lingüísticos, en la práctica el catalán aparece como la gran referencia.
El gallego y el euskera quedan relegados a un segundo plano, pese a que gozan del mismo rango de cooficialidad en sus comunidades. Tiempo al tiempo...
Se refuerza así la sensación de que todo se legisla en clave catalana, mientras que Galicia y el País Vasco quedan como satélites de un acuerdo pensado para contentar a Junts.
Esto no solo es injusto: alimenta la idea de que existen lenguas de primera y lenguas de segunda, algo contrario al principio constitucional de igualdad.
3. El deber de conocer el castellano según la Constitución
El artículo 3 de la Constitución Española es claro y categórico:
El castellano es la lengua española oficial del Estado.
Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos.
Y añade además que "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".
Conviene aclarar aquí la dualidad terminológica:
Español y castellano son sinónimos correctos.
Se suele usar castellano para diferenciarlo de otras lenguas de España (catalán, gallego, euskera).
En cambio, se prefiere español cuando se habla de la comunidad española en general y/o de la comunidad hispanohablante global, de más de 500 millones de personas.
Este marco constitucional convierte en una incongruencia jurídica y práctica que se imponga a las empresas responder en otra lengua dentro del mismo país, cuando la Constitución ya garantiza que todos los ciudadanos se entiendan en castellano/español.
4. La paradoja del "cliente satisfecho"
Los defensores del pacto apelan a la "satisfacción del consumidor": que un catalanoparlante pueda ser atendido en su lengua en cualquier lugar de España. Pero esta lógica es peligrosa:
Si la satisfacción del cliente se convierte en criterio absoluto, ¿por qué no permitir que alguien exija ser atendido en chino mandarín, árabe o alemán, lenguas mucho más habladas que el catalán a nivel global?
La comparación evidencia el absurdo: el castellano/español ya garantiza la plena intercomprensión entre dos ciudadanos españoles. Obligar a duplicar canales lingüísticos en nombre de la "satisfacción" desnaturaliza el marco común.
5. El silencio cómplice de los académicos
A esta incongruencia se suma otro fenómeno preocupante: el silencio clamoroso de los profesores de Lengua y Literatura españolas en todos los niveles educativos.
Unos callan por complicidad palmaria, convertidos en auténticos mamporreros ideológicos del Ejecutivo, dispuestos a repetir consignas sin razonar ni contrastar.
Otros lo hacen por comodidad, dejadez o pasotismo, como si la defensa del castellano/español —lengua común y patrimonio cultural de todos— fuese un tema menor que no merece incomodar a nadie.
Mientras tanto, muchos de estos mismos académicos no dudan en levantar la voz monotemática sobre el franquismo, los franquistas (verdaderos y falsos), la censura o la memoria histórica (con razón o sin ella), pero guardan un silencio sepulcral cuando se trata de defender el idioma que deberían tener como objeto de estudio y enseñanza.
El resultado es una deserción intelectual que contribuye a normalizar la manipulación política de la lengua y deja a la sociedad sin referentes críticos.
6. Efectos prácticos y riesgos
Para las empresas: costes añadidos, burocracia, inseguridad jurídica y un esfuerzo desproporcionado frente a un beneficio social limitado.
Para los consumidores: lejos de favorecer la igualdad, crea divisiones; dos españoles de distintas comunidades podrían verse "obligados" a comunicarse en una lengua distinta cuando ambos dominan el castellano.
Para la convivencia: se refuerza la idea de que en España no basta con ser ciudadano, hay que serlo además bajo una etiqueta lingüística.
7. Conclusión
El pacto lingüístico entre Sánchez y Junts es, en esencia, una cesión política revestida de derecho lingüístico.
Genera desigualdad entre lenguas cooficiales.
Ignora el deber constitucional de conocer el castellano como lengua común y oficial del Estado.
Se sostiene en el silencio cómplice de quienes deberían defender el castellano/español en las aulas y en los foros académicos.
Y abre la puerta a una incongruencia práctica: dos españoles, que podrían entenderse perfectamente en castellano, se verán forzados a utilizar otra lengua por imposición normativa.
En definitiva, es una medida más simbólica que real, diseñada para contentar a una minoría parlamentaria y garantizar la permanencia en el poder, a costa de introducir un elemento de división, desigualdad y absurdo en las relaciones entre ciudadanos y empresas.